Sergio Felipe Garcia Hernandez
30 Julio 2019•Actualizar: 30 Julio 2019
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala solicitó al presidente de su país, Jimmy Morales; a la canciller, Sandra Jovel, y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que entreguen informes sobre el convenio migratorio firmado, el viernes pasado, con Estados Unidos.
El tribunal solicitó la información luego de aceptar dos recursos en contra del acuerdo migratorio con el que su nación empezaría a ser considerado como un tercer país seguro.
Los recursos fueron promovidos por organizaciones que consideran que el acuerdo es ilegal al considerar que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, no tenía las facultades constitucionales para asumir las obligaciones impuestas en el documento que fue firmado el pasado viernes.
El viceministro de Seguridad de Gobernación, Luis Arévalo, indicó que el Acuerdo debe cumplir con su trámite en el Congreso.
“Este es un procedimiento meramente administrativo, hay lineamientos en cuento a los procedimientos de un convenio internacional que se tiene que cumplir a través del Ministerio Relaciones Exteriores”, indicó al medio La Hora de Guatemala.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó el pasado viernes que el acuerdo “le quitará trabajo a los coyotes y a los traficantes de personas".
El acuerdo busca que, a los migrantes, provenientes principalmente de Honduras y El Salvador, se les conceda el asilo en Guatemala para evitar que sigan su recorrido hacia Estados Unidos.
El Gobierno de Guatemala indicó mediante una nota de prensa que aceptó el acuerdo migratorio con el objetivo de evitar “graves repercusiones económicas y sociales”. La firma se da luego de que Trump amenazara con imponer aranceles al país centroamericano si se negaba a convertirse en un tercer país seguro para los migrantes.
“En el tema de migración, se acordó la cooperación conjunta entre los dos gobiernos mediante la correcta ejecución de un plan de implementación, el cual será aplicado a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña”, indicó el gobierno guatemalteco.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala había advertido a Morales que no podía firmar un acuerdo para convertir su nación en un tercer país seguro porque se violaría el orden constitucional, a menos que la propuesta se debatiera primero en el Congreso.
